El Poder Judicial de nuestro país atraviesa una crisis de legitimidad que se traduce en la falta de confianza de la ciudadanía hacia el accionar de jueces y juezas.
Esta situación puede ser analizada desde múltiples dimensiones: El hermetismo, el abuso de prácticas ritualistas, el lenguaje encriptado y la dilación excesiva de los procesos, son algunos de los factores refuerzan este clima de opinión, condicionando el acceso a la Justicia.
Las dificultades de funcionamiento en el marco de la pandemia y los debates en torno a las modificaciones en el ámbito de la Justicia Federal pusieron en evidencia las deficiencias estructurales que reproduce el sistema judicial.
Debemos reconstruir un paradigma judicial acorde al contexto, basado en la transparencia y la publicidad de los actos; la celeridad en la tramitación de los procesos, la heterogeneidad en su integración y la verdadera protección de los grupos vulnerables en pos de garantizar la tutela judicial efectiva.
Esto requiere de una construcción colectiva entre todos los actores del sistema democrático, diseñada desde la perspectiva de Derechos Humanos. Gran parte del desconocimiento, y la desconfianza, que la sociedad experimenta en relación a la prestación del servicio, se relaciona con la imposibilidad de comprender en qué medida, las instituciones judiciales, y su funcionamiento, se vinculan con nuestra vida cotidiana.
Por eso resulta pertinente que se generen indicadores actualizados sobre la gestión de la actividad judicial que fortalezcan la rendición de cuentas de cara a la sociedad.
La naturaleza de los órganos y las características y procedimientos de los miembros que los integran, están cubiertos por el mismo velo de falta de información que afecta a la naturaleza del sistema y nos aleja de la comunidad
Es tiempo de repensar de qué manera el Poder Judicial comunica sus decisiones tanto administrativas como jurisprudenciales. Los tiempos que corren exigen un compromiso de los organismos a la hora de visibilizar su trabajo, tanto hacia quienes son parte de sus procesos como a la sociedad que se informa. Desde el Consejo de la Magistratura insistimos en la necesidad de visibilizar la actividad que realiza nuestro cuerpo, con celeridad, pluralismo y un sentido federal.
Por otro lado, la expansión del uso de lenguaje claro por parte de magistrados y magistradas se destaca como un aspecto positivo que contribuye a eliminar una de las barreras que se presenta para el acceso a la Justicia. Es una herramienta para que los justiciables puedan comprender aquellas decisiones que los afectan y así acceder a la tutela efectiva de sus derechos. Las palabras encriptadas y los excesos técnicos alejan a las personas del conocimiento de las decisiones judiciales. Ser comprendidos constituye una herramienta de inclusión y de acercamiento a la gente.
Resulta vital pensar cómo incorporar la visión estratégica a la comunicación judicial a fin de mejorar la institucionalidad, generar nuevos mecanismos de acceso a la información y modificar la percepción por parte de la sociedad.
La crisis de legitimidad obedece a fenómenos multicausales, pero las decisiones vinculadas con cómo enfrentarla están al alcance de todos los que formamos parte del sistema judicial, a partir del reconocimiento del problema en el que estamos insertos.
El diagnóstico es claro: surge en cada debate público la demanda de una Justicia que funcione de cara a la sociedad. Esto incluye discusiones estructurales y de coyuntura. La celeridad de los procesos, el tipo de comunicación que empleamos y la naturaleza del lenguaje, pero también la necesaria independencia de criterios, las garantías del debido proceso y ser enfáticos en erradicar la sospecha de la utilización política de la justicia.
Esta crisis representa la necesidad, y la oportunidad, de pensar en los nuevos desafíos de la Justicia. Para esto es esencial que nos hagamos cargo de la expectativa que la gente tiene, respecto de la necesidad de vivir en una sociedad más justa.